Organizaciones y familiares reclaman más recursos y formación docente para lograr una verdadera integración de estudiantes con discapacidad intelectual en centros ordinarios.
“Repetir, repetir y repetir”. Es la fórmula que tiene María Oñez Martín estudiar con su hija Adriana, una adolescente con síndrome de Down. Que no vaya al ritmo de todos sus compañeros, o que tenga ciertas ciertas dificultades para adquirir algunos de los conocimientos más complejos de su curso, no quita que pueda estudiar 2º de la ESO en un colegio ordinario.
A su centro, dice la madre, va feliz todos los días. Pese a ser una chica en los (por lo general) complejos 14 años, se encuentra a gusto, sobre todo con sus dos mejores amigas. Nunca ha tenido experiencias negativas. Y pese a que haya podido pasarse algunos ratos sola en el patio, y a que le pueda costar un poco más estudiar, su madre sabe que debe aprender herramientas para manejarse en el mundo como una chica autónoma.
Invitaciones para cambiar de centros
Ver a chicas como como ella cursar la ESO en un colegio ordinario es algo cada vez más anecdótico. Algunas familias optan de primeras por los centros de educación especial, mientras que otras son invitadas por sus propios colegios ordinarios a cruzar la pasarela hacia este tipo de escolarización. Las familias han ido anotando las prácticas con las que sus centros llevan a cabo esta tarea. Están aquellos que les dicen que sus hijos están muy descolgados con respecto a sus compañeros. Los que les aseguran que les encantarían ayudarles, pero que no tienen los recursos necesarios ni la PT (maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica) que ese menor necesita. O que les hacen lo que ellas llaman “chantaje emocional”: “Miren lo solo que está”, les dicen.
El siguiente paso es ponerles delante el dictamente de escolarización en el que el colegio o instituto recomienda por escrito que el menor vaya a un centro de educación especial. “Las familias lo firman y listo. Es muy frustrante para ellas”, asegura María Oñez. Les han “vendido la moto”. Pero cuando te están diciendo que tu hijo o hija ni está bien atendida, ni lo está pasando bien, la solución parece clara. Sobre todo cuando no todas las familias tienen las mismas herramientas para poder hacer frente a los obstáculos que el sistema no les ayuda a superar, pese a ser una obligación de cualquier colegio público o concertado.
María Oñez tiene claro que “la educación inclusiva es un derecho, no un favor” que te hace tu centro. En su caso no habrá cambios. No quiere que su niña pase su etapa escolar en una ‘burbuja’. “Yo miro a mi hija y pienso que tiene que tener un futuro como cualquier persona. Quiero que mi hija tenga un trabajo, que sea independiente el día de mañana y que viva la vida que quiere vivir”, añade. Para eso, cada tarde se pone a estudiar con ella.
Ingeniera química de formación, pasó 20 años trabajando en consultoría de energías renovables, hasta que estudió el máster de profesorado para conocer y entender en primera persona cómo era el sistema educativo por dentro. Hace un par de años dejó su trabajo para empezar como profesora de Física y Química en un centro concertado.
Relata que en un curso tenía un chaval con un trastorno del desarrollo. Así que pudo vivir como docente lo que siempre había vivido como madre. Asegura que salió de allí “horrorizada”. Pero también con ganas de seguir mejorando el sistema. Cree que los profesores necesitan “tener la sensiblidad y cambiar la mirada que tienen hacia los alumnos con discapacidad”. Que hay que dejar de darlos por perdidos, aunque no siempre sea fácil en clases repletas.
Tirones de oreja
El Estado ya recibió varios tirones de oreja por esto. El último fue el informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del pasado mes de marzo. En él se señalaba que el hecho que” una persona con discapacidad requiera significativos niveles de apoyo individualizado no puede ser usado como una justificación para excluirla del sistema general u ordinario de educación y segregarla en una educación especial”.
La entidad también solicitaba a las autoridades educativas un avance “de forma prioritaria y urgente” hacia el fin de esta separación, y se mostraba preocupada por que ciertas comunidades autónomas continuasen adoptando leyes que perpetúan” la educación especial segregadora”, poniendo de ejemplo la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid.
La inclusión del alumnado con discapacidad en la escuela ordinaria dio pasos hacia adelante a partir de los años ochenta en España con la llamada Ley de integración social de los minusválidos. Pero, llegado un momento, se estancó. Los datos de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia 2020 (EDAD 2020), del Instituto Nacional de Estadística mostraron que el 19,2% del alumnado con discapacidad estaba escolarizado en un centro de educación especial y un 9,2% en un aula de educación especial en un centro ordinario. En total, en el curso 2022-2023 había unos 41.500 niños y niñas en España estudiando en “educación especial seregadora”, según el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Entre 2019 y 2020, este debate llegó a la opinión pública. Portugal había logrado llevar a sus centros esta educación inclusiva, de forma paulatina, donde se daba la posibilidad a las familias de elegir si preferían que sus pequeños fueran a la escuela ordinaria pública, adaptada a sus circunstancias, o los centros de enseñanza especial, privadas o de solidaridad social. Pero, pese a que por parte del Ministerio de Educación se miraba con interés el modelo luso, se topó con la oposición.
El PP y Vox impulsaron una campaña contra el plan previsto en la LOMLOE: el texto incluye que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deben tener los medios para escolarizar al alumnado de los centros de educación especial. Aparecieron entonces muchos bulos sobre cómo el gobierno impulsaría el cierre de estos. Nada más lejos de la realidad.
Una apuesta para todos
Desde entonces no hubo mucho cambio y la complejidad sigue siendo la misma. Las ratios y la falta de recursos son los grandes hándicaps que se encuentran los centros para poder ofrecer una atención especializada a este alumnado. Pero aunque crea que es así, para Anabel Rodríguez, asesora de Educación Inclusiva Down España, siempre se pueden hacer algo.
“La excusa que nos ponen es que no hay recursos. Y, aunque hagan falta más, eso es una mentira como una copa de un pino“, asegura. El problema que ella ve es que no se destinan para la diversidad. Y que no todos los docentes están dispuestos a hacer el trabajo que implica tener estudiantado con necesidades especiales.
“Hoy en día, para un profesor, tener una persona con discapacidad es un problema. Es sacarlo de la forma de la zona de confort; de tener que plantearse nuevas metodologías, como el aprendizaje cooperativo o la enseñanza multinivel. Eso supone un gran reto para el docente que no quiere hacer”, critica. Por eso, para ella lo primero que haría falta cambiar es la metología dentro del aula, que depende mucho más de las personas, y de su formación, que de los recursos.
Precisamente Down España tiende la mano a todos esos docentes y centros, para asesorarles en las características de aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, los chavales y chavalas con síndrome de Down necesitan que les ayuden a potenciar su capacidad visual. Recuerdan mucho más por los ojos que por lo que escuchan, aunque para eso también necesitan que las letras de sus enunciados sean más grandes. O que las frases sean más sencillas.
El aprendizaje cooperativo, eligiendo a compañeros y compañeras que les ayuden a progresar, a aprender y aparticipar, también supone un avance. Y, además, lo hace de manera bidireccional. Porque si algo tienen claro las familias y asociaciones que apuestan por los centros ordinarios para educar niños y niñas con síndrome de Down es que todo, absolutamente todo el alumnado, se beneficia de la diversidad…..
Fuente: www.epe.es/es/sociedad (María G. San Narciso)