«No estamos exigiendo nada de arriba. Es un derecho que tenemos», sostiene un joven no vidente que se ve imposibilitado de movilizarse por falta de recursos económicos.
Unas 40 personas con discapacidad interpusieron un recurso de amparo contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) para acceder al «pase libre» de transporte. Aunque este beneficio está garantizado por una ley aprobada hace 16 años, aún no se ha hecho efectivo, lo que limita el acceso a los sectores más vulnerables, indicaron varios de los afectados a El País.
«Todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en las condiciones que determinará la reglamentación», establece el artículo 83 de la Ley de Discapacidad (18.651), aprobada en 2010.
La Fundación ProBono, que brinda asesoramiento legal gratuito a personas en situación de vulnerabilidad, se acercó a la Coordinadora y ofreció el patrocinio para activar un recurso de amparo por el pase libre de transporte, el cual, en una primera etapa, nucleó a 37 personas con discapacidad.
“Les va a cambiar la vida”
Tras varias conversaciones iniciadas el año pasado entre la Coordinadora y organismos estatales, y al considerar que sus aspiraciones no se concretarían, a mediados de mayo los solicitantes presentaron una petición administrativa ante el Estado para obtener el carnet gratuito.
Tras cumplirse el plazo de un mes sin una respuesta a sus reclamos, está previsto que el estudio Guyer & Regules, que integra la Fundación ProBono, promueva un único juicio que contemple los 37 casos de personas con discapacidad para intentar acceder al pase libre.
Entre los demandantes hay personas con síndrome de Down, trastorno del espectro autista (TEA) y ceguera. El País conversó con varios de ellos o sus familiares, quienes manifestaron que no tener garantizado este carnet, un derecho establecido por ley, limita el desarrollo de sus vidas.
Guillermo tiene 27 años y perdió la visión hace dos. Vive cerca de Cuchilla Alta y hace casi un año dejó de asistir al Centro Tiburcio Cachón del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), donde la rehabilitación para personas ciegas es «más completa», debido a que no puede costear el transporte. Aunque presentó un amparo para obtener el carnet y lo perdió, ahora se sumó a la demanda colectiva. «No estamos exigiendo nada de arriba. Es un derecho que tenemos», afirmó.
El joven practica goalball —fútbol para ciegos— gracias a que la Unión de Ciegos financia sus traslados. Aspira a obtener el carnet para completar su rehabilitación en el Cachón y, principalmente, encontrar trabajo. «Es complicado para una persona que no tiene discapacidad, imaginate para uno», señaló.
Viajar a la capital solo mediante boletos departamentales representa una verdadera travesía. «Para llegar a Montevideo tengo que tomarme un ómnibus de Cuchilla Alta a Atlántida, otro de Atlántida a Pando, otro de Pando a Zonamérica, y después uno de Zonamérica a Montevideo», graficó.
Julio, de 47 años, es ciego desde hace 30 y vive hace seis en Salto. Se sumó a la demanda para cumplir su sueño de cursar la Licenciatura en Historia en Montevideo y certificarse como profesor de sistema braille para lograr insertarse laboralmente. «Si no tengo la posibilidad de contar con los medios para trasladarme, va a ser imposible», subrayó el hombre, que no percibe pensión por discapacidad.
Emiliano, de 21 años, tiene síndrome de Down y vive en Salto. Actualmente estudia, practica judo y juega al fútbol en Peñarol Inclusivo. «Viaja dos veces por mes porque es lo que podemos», comentó su madre, Ester, quien enfatizó: «Está hecha la ley y no se cumple». De ganar un posible amparo, «sería una gran satisfacción, no solo por nuestros hijos, sino por todos», aseguró.
Alan, también de 21 años, tiene TEA, vive en Montevideo, estudia y ha tenido varios empleos. «Si ellos quieren tomarse un ómnibus interdepartamental, o más lejos, no corre la boletera de la intendencia. ¿Entonces la discapacidad cómo la ven, solamente para Montevideo?», lamentó su madre, Patricia, sobre esta limitación. «Están vulnerando sus derechos«, añadió.
Maite, de 23 años, tiene síndrome de Down y vive en Costa Azul. «No tiene ninguna institución para socializar», planteó su madre, Susana. Lo más cercano es Atlántida, pero su familia «no puede» costear los pasajes, que además serían dobles porque precisa viajar acompañada.
«Confiamos en que sea favorable», agregó Susana sobre el amparo, valorando que, tanto para su hija como para otras personas, el acceso al carnet «va a cambiarles la vida». «Más que libertad, le va a dar opciones. Hay un instituto en Atlántida al que aspiramos que vaya; capaz que hasta obtenemos una beca, pero no la podemos llevar», contó.
El reclamo del pase libre cuenta con apoyos a nivel político. «Es una situación bastante injusta. Hago un mea culpa porque es un tema que viene desde hace 16 años….
Fuente: www.elpais.com.uy (Agustín Magallanes)